Fernando
Murillo Flores
En el artículo anterior
concluimos que San Martín al constituirse en Protector del Estado peruano se
convirtió en un dictador del Perú, pues reunió en él, el poder político y
militar para proteger la independencia de propios y extraños. También concluimos
que a Bolivar el Estado peruano lo constituyó en dictador del Perú para
consolidar su independencia y que gracias a ello lo logró. En uno y otro caso,
dijimos, fueron dictadores en perspectiva romana. ¿Qué significa la dictadura
en perspectiva romana?
Empecemos por la definición de
dictadura de la Real Academia Española “En
la Antigüedad romana, magistratura extraordinaria ejercida temporalmente con
poderes excepcionales.”. Carl Schmitt, citado por Siles Vallejos, explica
que “la dictadura es una sabia invención de la República
Romana, el dictador un magistrado romano extraordinario, que fue introducido
después de la expulsión de los reyes, para que en tiempos de peligro hubiera un
imperium fuerte, que no estuviera obstaculizado, como el poder de los cónsules,
por la colegialidad, por el derecho de veto de los tribunos y la apelación al
pueblo” (Siles Vallejos. Abraham. “La dictadura en la República romana clásica
como referente paradigmático del régimen de excepción constitucional” Lima,
2014. Derecho PUCP N° 73.P. 411).
Pero, ¿cuándo y por qué se instauraba una
dictadura? Siles Vallejos puntualiza “Que
el cargo tuviese carácter extraordinario, empero, no colocaba al dictador por
fuera de la Constitución, la cual no podía ser desconocida por este. Antes
bien, la dictadura era conformada con la exclusiva finalidad de preservar la
República, su orden constitucional y sus instituciones de gobierno ordinario
frente a un peligro grave.”
Ahora podemos entender porque sostuvimos que tanto
San Martín como Bolivar fueron dictadores, de lo que se trataba era de proteger
a la nueva República, en cuanto al primero, y en cuanto al segundo, de
consolidar su libertad. Sin duda, ser dictador imponía a quien así era
instituido, una alta responsabilidad cívica para asumir dicho cargo dentro del
cauce de la constitucionalidad y respeto a la república, sabiendo de antemano
que el encargo era efímero, extraordinario y excepcional hasta que las razones
por las que se instauró hayan sido vencidas.
Siles Vallejo, al respecto describe una historia: “De acuerdo con la tradición, Lucio Quincio
Cincinato fue un patricio romano dedicado al trabajo agrícola en su pequeña
finca situada en la cercanía de la ciudad, al otro lado del río Tíber. Fue
hecho dictador en el año 458 a.C., con la misión de salvar a Roma, cuyo
ejército, comandado por uno de los cónsules, se hallaba sitiado por las fuerzas
enemigas en una localidad vecina. Cincinato, quien se encontraba trabajando con
el arado cuando recibió a la delegación que le traía el nombramiento, cambió
las herramientas de labranza por las armas, formó un ejército y, en el
transcurso de pocos días, derrotó al invasor. Apenas dos semanas después de su
elevación a la más alta magistratura del Estado, conseguido el objetivo
primordial de salvar a la República del grave peligro que representaban las
armas enemigas, Cincinato renunció a su investidura dictatorial y retornó a sus
labores campestres como simple agricultor. En consecuencia, Lucio Quincio
Cincinato es considerado, con toda justicia, un ejemplo insigne de ciudadano virtuoso,
dotado de la sobriedad y la grandeza de alma de quien, pese a vivir en
condiciones modestas, es capaz de renunciar a los fastos del poder tras obtener
un brillante éxito militar y político. Evidentemente, su rectitud y su nobleza
de corazón lo acreditan como un modelo perdurable de lo mejor de las virtudes
ciudadanas en la Roma republicana.”
No hablemos más de historia, sólo resta decir que
esa institución ha mutado hasta nuestros días, reencarnándose
constitucionalmente en dos instituciones actualmente establecidas en nuestra
Constitución de 1993 y que anteriormente también las estableció su antecesora:
el estado de sitio y el estado de emergencia, el primero vinculado a amenazas
externas al Estado y el segundo a amenazas internas, como la que estamos
viviendo actualmente con el Covid19, y las que tuvimos que sufrir con el
terrorismo de los años 80 y principios de los 90.
Existen, para todo Estado, aunque ahora para muchos
estados, encrucijadas que deben afrontarse con firmeza y bajo una sola
dirección; en el caso del Perú, ante la inminencia de la llegada del Covid19 y
la declaración de su presencia un 6 de marzo de 2020, el gobierno decretó el
Estado de Emergencia del 15 al 30 de marzo de 2020 (D.S. N° 044-2020-PCM). A
partir de ese momento la batuta para enfrentar la emergencia estaría en manos
exclusivas del Poder Ejecutivo, en el marco de una institución establecida en
la Constitución. A ese momento el Poder Legislativo aún no se había instalado,
luego de la disolución del mismo el año pasado lo cual, aunque existe
discrepancias al respecto, también fue un procedimiento de cauce
constitucional.
Al día siguiente de la declaratoria de emergencia,
los congresistas electos se convocaron para juramentar e incorporarse al Congreso
de la República; un jueves 19 de marzo – ya en medio de la declaratoria de emergencia
y vigente el aislamiento social – el Congreso eligió a su junta directiva. Así,
el nuevo Congreso entraría en la escena política nacional, en medio de una
declaratoria de emergencia y una crisis que pone a prueba nuestro sistema de
salud pública.
Consecuente con la declaratoria de emergencia y de
las limitaciones del Congreso para el debate de disposiciones legales técnicas
ante la crisis de nuestro sistema de salud, y las decisiones sobre economía, educación,
trabajo, orden interno, etc., se atendió el pedido de delegación de la falcultad
legislativa mediante la Ley N° 31011 y, sin perjuicio de ello el Poder
Ejecutivo continúa emitiendo decretos de urgencia.
Todo lo descrito no es sino el cumplimiento de
nuestro orden constitucional en tiempos de crisis, que permite entregar, para
conjurar el peligro que representa para la población del Estado peruano, el
poder de dirección totalmente en el Poder Ejecutivo. En esa perspectiva,
nuestra la Constitución viene cumpliendo su rol y cuando todo vuelva a la normalidad,
aunque no del todo pero sí respecto a lo de urgente atención, esperemos siga
siendo cumplida.
Es lamentable, eso sí, que sea un sector de la
población quien no cumpla las disposiciones del gobierno en tiempos de
emergencia, eso es sencillamente falta de civismo, es la ausencia de educación
cívica a la que sin duda deberemos prestarle más atención. Es lamentable ver
como una madre, con una menor de la mano, ante miembros de la policía exprese
que el virus es una mentira y que si Dios quiere le dará el virus. Lamentable
porque esa niña que se supone es su hija replicará esa conducta cuando sea
mayor y sustituirá a Dios en su propia decisión cívica de cumplir la ley. En
fin.
Siempre se recomienda no tomar decisiones cuando
uno está alegre, triste, enojado o muy alterado por uno y otro motivo, pues la
decisión podría ser negativa por esas emociones. Por eso consideramos que la ley
del Congreso sobre el retiro de los fondos de las AFP, sin calificarla en sí,
es una decisión que no debió tomarse en un momento en el que el Perú, todo, sin
excepción está alterado. Esto sin duda generará que el Poder Ejecutivo evalúe
no promulgar la ley del Congreso, retornado en el Congreso la facultad de
promulgarla – como lo hizo con la ley de protección policial – y recaiga en él
toda la responsabilidad de una decisión política de gravitación (no sé si
positiva o negativa) económica para nuestro país. Pero aun así todo estará
dentro del cauce constitucional, una vez más.
Creo que existe un consenso nacional en que el
Poder Ejecutivo está afrontando ésta crisis como corresponde y a la altura de
las circunstancias, de seguro con varios errores propios de un aparato
administrativo enredado y lento que afecta la oportunidad de las decisiones e
incluso la legalidad de las mismas, precisamente por lo complicada de nuestra
legislación.
De seguro lo anterior genera en muchos sectores
políticos, una suerte de celo en lo favorable que puede resultar políticamente
al Presidente de la República, la forma cómo está afrontando una crisis sin
precedentes no sólo para el país, sino para la humanidad entera, pero ello no
debe llegar al extremo de burlarse al extremo de desear que todo el gabinete
ministerial se contagie con el Covid19. Eso es inaceptable.
Actualmente nuestra economía, tal como se la conceptualiza,
está seriamente dañada y tardará mucho tiempo en recuperarse; las fuentes de
empleo están golpeadas al extremo que tendrán que tomarse decisiones serias
para sobrevivir como tales. Los centros de trabajo, públicos o privados,
tendrán que echar mano muy imaginativa para la dirección y organización del
trabajo. Nuestras relaciones personales, sociales y laborales cambiarán
radicalmente pues el Covid 19, en tanto no exista una cura o vacuna estará allí
a nuestro acecho, pero deberemos asumir el riesgo si deseamos seguir viviendo
hacia la normalidad.
Debemos estar atentos, eso sí, a aquellas decisiones sobre nuestra libertad, en todo el sentido de la palabra, para que el mercado y la economía vuelvan al cauce normal en lo posible, sin distorsiones de ningún tipo. El gobierno, al mando del Poder Ejecutivo, antes de la crisis y posterior a ella, tiene limitaciones, y una de ellas es no tomar nota que no toda decisión que tome, basado en la crisis, sea la que de ahora en adelante nos convenga. Es por ello que requerimos de buena información, de toda nuestra capacidad de análisis y de iniciativa para salir adelante, pues a los gobiernos – en general – les puede ser tentador decidir por nosotros más allá de la crisis, y es allí que el pleno poder conferido por una situación de emergencia, sea retornado plenamente al orden constitucional de inmediato, para que todos juntos decidamos salir adelante y ojalá para ser mejores de lo que fuimos antes del 15 de marzo de 2020, como sociedad.
El futuro de nuestro país, actualmente y como en
muchas ocasiones en nuestra vida republicana, está en medio de una nebulosa.
